WASHINGTON, 30 DE MAYO. En un acto público, Insulza y Vivanco, de Human Rights Watch, muestran su desacuerdo. Las razones, aquí. Fotografías: La República.

TENSIONES. Una propuesta de José Miguel Insulza desata turbulencias en los momentos previos de la Asamblea General de la OEA que se inicia mañana en Bolivia. La CIDH en el ojo de la tormenta. Brasil entre bambalinas. Ecuador al ataque contra la Relatoría para la Libertad de Expresión. El Perú expresa reservas.

Uno de los enigmas de la Asamblea General de la OEA que mañana comienza en Cochabamba es la reacción de los cancilleres ante un planteamiento del secretario general, José Miguel Insulza, para reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Una parte de los Estados está harta de la CIDH, pero no encuentra cómo sacársela de encima. Insulza también, y para tal efecto el 21 de mayo entregó un informe a los embajadores de la OEA en Washington.

El secretario general urgía a los Estados definir si la CIDH tenía atribuciones para dictar medidas cautelares o no. Las viene dando desde los años ochenta, como se sabe, pero Insulza hace notar que para ello carece de base explícita en la Convención Americana, el tratado que creó la CIDH y le confirió autonomía para administrarse. Mediante una cautelar, la CIDH puede detener la decisión de un Estado, manteniendo su brazo ejecutor en el aire hasta que se resuelva algún reclamo pendiente. A ningún gobierno le gusta eso.

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